Resumen: Luis Guachalá Chimbo tenía ataques de epilepsia desde niño. Debido a que no podía pagar los remedios ni los controles médicos, su estado de salud empeoró de forma notable. Por ese motivo, en 2004 su madre (Zoila Chimbo) decidió volver a internarlo en un hospital psiquiátrico público (Julio Endara). A los pocos días fue a visitarlo. Allí, un enfermero le informó que su hijo se había escapado del hospital el día anterior y que no habían logrado localizarlo. Dos días más tarde, el hospital denunció la desaparición ante la policía y la fiscalía inició una investigación de los hechos. De forma paralela, la madre interpuso una acción de habeas corpus ante la Alcaldía de Quito. No obstante, luego de cinco meses no había obtenido respuesta. Frente a esta situación, presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hizo lugar al recurso y ordenó a la Alcaldía dictar resolución. Sin embargo, a los pocos días el Ministro Fiscal Provincial archivó el caso. Para decidir así, sostuvo que de la prueba obtenida no surgía la existencia de un delito. En 2009, la fiscalía reabrió la investigación penal y aún en 2020 la investigación continuaba abierta. Por este motivo, sus familiares presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH consideró que Ecuador había vulnerado los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, igualdad y no discriminación, salud, garantías judiciales y protección judicial de la persona y formuló recomendaciones al Estado. Sin embargo, el Estado no informó a la CIDH el cumplimiento de las recomendaciones emitidas. En consecuencia, la CIDH sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Artículos de la CADH bajo análisis: La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que Ecuador era responsable por la violación de los artículos 3 (reconocimiento de la personalidad jurídica), 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 11 (dignidad), 13 (acceso a la información), 24 (igualdad ante la ley) y 26 (salud) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación los artículos 1.1 (obligación de respetar y garantizar derechos sin discriminación) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento. Además, concluyó que era responsable por la violación de los artículos 7.6 (recurso efectivo), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención en relación con su artículo 1.1.