Astrid Carolina Flores Huamaní
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Maestra en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la PUCP
Integrante de la Red de Investigadores en Discapacidad – REINDIS (Perú).
Una fecha para recordar que la salud es un bien común
Cada 1 de mayo se conmemora las luchas obreras de fines del siglo XIX, particularmente las movilizaciones iniciadas en la revuelta de Haymarket, donde trabajadores exigieron la jornada laboral de ocho horas. Aquella demanda no solo buscaba reorganizar el tiempo de trabajo, sino también afirmar la dignidad de quienes sostenían la economía con su fuerza laboral. En efecto, la historia ha reconocido nombres, conflictos y conquistas. Sin embargo, también dejó fuera a colectivos cuyas demandas no llegaron a configurarse como reivindicaciones visibles en ese momento, como es el caso de las personas con discapacidad. Durante ese proceso histórico, las experiencias laborales de las personas con discapacidad no fueron recogidas ni visibilizadas como parte de la narrativa del trabajo. En ese contexto, el mercado laboral ha definido la productividad con base en un estándar único de desempeño, asociado al capacitismo, es decir, a ciertas capacidades físicas, sensoriales o cognitivas consideradas “normales”. Posteriormente, el derecho al trabajo ha sido reconocido como un derecho humano fundamental vinculado a la dignidad y a la posibilidad de construir un proyecto de vida. No obstante, ese reconocimiento normativo no ha sido suficiente para garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones. Por ello, la conmemoración del Día del Trabajo invita entonces a revisar no solo lo que se ha logrado, sino también a quiénes se ha dejado atrás en ese proceso.
En esa línea, la situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral evidencia que la igualdad formal no se traduce en igualdad real. En el Perú, aunque existe una alta proporción de personas con discapacidad en edad de trabajar (92,35%), su participación en la población económicamente activa alcanza solo el 42,52%, muy por debajo de la registrada en personas sin discapacidad (73,06%) (INEI, 2024). Asimismo, cuando logran insertarse en el mercado laboral, lo hacen mayoritariamente en condiciones de informalidad. Esta alcanza el 86,73%, lo que implica ausencia de protección social, inestabilidad y menores garantías de derechos laborales (INEI, 2024) . A ello se suma una brecha significativa en los ingresos. Las personas con discapacidad perciben en promedio ingresos mensuales de S/ 823,31, mientras que las personas sin discapacidad alcanzan S/ 1 419,05, lo que evidencia una brecha económica persistente (INEI, 2024). En este punto, estos datos no deben leerse únicamente como indicadores económicos. Más bien, dan cuenta de una estructura laboral que continúa ubicando a las personas con discapacidad en condiciones de mayor precariedad. En esa misma línea, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que los prejuicios y estereotipos siguen condicionando el acceso al empleo, limitando las oportunidades de participación en entornos laborales abiertos e inclusivos (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2022). Ahora bien, aunque menos visibles en la narrativa tradicional del trabajo, las personas con discapacidad también han protagonizado procesos de reivindicación. Un ejemplo relevante es la protesta 504 sit-in, donde activistas con discapacidad, entre ellas Judy Heumann, ocuparon edificios federales durante semanas para exigir la implementación de normas contra la discriminación. Esta acción marcó un punto de inflexión en el reconocimiento de sus derechos, incluido el derecho al empleo en igualdad de condiciones.
En ese sentido, la conmemoración del 1 de mayo plantea una oportunidad para ampliar la mirada sobre el trabajo y las personas con discapacidad. No se trata únicamente de mejorar indicadores de empleo, sino también de cuestionar las condiciones que determinan quién puede trabajar y en qué términos. Sin embargo, este desafío no se limita al diseño de normas o políticas públicas. También se expresa en la forma en que estas son interpretadas y aplicadas. Las decisiones que adoptan quienes intervienen en la gestión pública y en los procesos de selección tienen un impacto directo en la vida de las personas con discapacidad. En efecto, la inclusión laboral no depende únicamente de la existencia de medidas, sino de su correcta implementación. En esa línea, medidas afirmativas como la cuota de empleo, los ajustes razonables, las condiciones de accesibilidad o la bonificación del 15% no siempre son aplicadas de manera adecuada. Ello evidencia que la problemática no radica únicamente en ofrecer oportunidades de empleo, sino también en cómo se garantizan efectivamente los derechos ya reconocidos. Por tanto, avanzar hacia un mercado laboral inclusivo implica transformar estas condiciones, supone reconocer que la diversidad no es una excepción, sino una característica inherente de la sociedad. Asimismo, este proceso requiere conocer, comprender e interactuar con las personas con discapacidad, así como reconocer sus trayectorias y experiencias. Finalmente, el Día del Trabajo no solo recuerda una lucha histórica, sino que también interpela sobre las deudas actuales. Entre ellas, garantizar que el derecho al trabajo sea efectivamente ejercido por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad que durante mucho tiempo no fueron consideradas parte del mundo laboral.
Referencias
- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2022). Observación general núm. 8 sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo. Naciones Unidas.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO.
