Propósito: Demostrar que el incumplimiento de las normas de accesibilidad urbana para personas en silla de ruedas vulnera el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, proponiendo un marco normativo que fortalezca la fiscalización y sanción por parte de las municipalidades.
Hallazgos: Pese a un marco legal sólido (Constitución, Ley 29973, Convención ONU-CDPD, Norma Técnica A-120), las barreras arquitectónicas persisten y afectan la inclusión social. Se concluye que CONADIS fiscaliza, pero no sanciona a privados, y que las municipalidades deben asumir competencias integrales de fiscalización y sanción para garantizar la igualdad real de las personas en silla de ruedas.
