Cada 13 de junio, el Perú conmemora el Día del Perú Libre de Analfabetismo, una fecha que marca un hito importante en la historia educativa del país. Este logro fue posible gracias a políticas públicas sostenidas y al compromiso de múltiples actores que hicieron posible reducir significativamente los niveles de analfabetismo en la población.

Esta fecha también nos recuerda los retos que nos quedan para garantizar el derecho a la educación de todas las personas, en especial de quienes enfrentan mayores barreras, como las personas con discapacidad.

En el Perú, el acceso a la educación mínima ha mejorado progresivamente en la última década. Sin embargo, el avance no ha sido equitativo entre la población con discapacidad y aquella sin discapacidad. Entre 2014 y 2024, el porcentaje de personas con discapacidad de 20 años a más que no alcanzaron un nivel educativo mínimo se redujo del 33 % al 24 %. Aunque esta disminución refleja un avance importante, aún uno de cada cuatro peruanos con discapacidad mayores de 20 años no accede a una educación básica completa.

En 2024, el 40 % de las personas con discapacidad alcanzó el nivel de educación primaria, mientras que un 27 % accedió a la secundaria. No obstante, un 18 % de esta población no cuenta con ningún nivel educativo, lo que contrasta con la población sin discapacidad, donde este porcentaje se reduce a solo el 5 %. 

Esta problemática se acentúa en regiones específicas, como Apurímac, que en 2024 registró el porcentaje más alto de personas con discapacidad que no cuentan con un nivel de educación mínimo (64 %), en contraste con Lima Metropolitana, donde solo el 7 % de esta población se encuentra en esa situación. Por último, en las ciudades, el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad es de 7 años, frente a los 11 años de la población sin discapacidad. En las zonas rurales, la cantidad de años de escolaridad de las personas con discapacidad es aún menor: 4 años en promedio.

Ante esta realidad, la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo (PNMDD) al 2030, como política de Estado, plantea una respuesta articulada al problema público que enfrentan las personas con discapacidad. Entre los 31 servicios que promueve, destacan varios orientados a garantizar el acceso a una educación inclusiva:

• Servicio 14: Programa de Intervención Temprana (PRITE), para niñas y niños menores de tres años con discapacidad o en riesgo de adquirirla.

• Servicio 15: Centros de Educación Básica Especial (CEBE), para personas en situación de discapacidad severa que requieren apoyos especializados.

• Servicio 16: Servicio de Apoyo Educativo (SAE).

• Servicio 17: Formación a docentes y agentes educativos en enfoques inclusivos y atención a la diversidad.

Asimismo, el 21 de marzo de 2025 se aprobó la Ley N.° 32289, que garantiza y promueve el acceso de estudiantes con discapacidad a la Educación Básica Regular (EBR) y a la Educación Básica Alternativa (EBA). Esta norma establece que todas las instituciones educativas públicas y privadas deben reservar, como mínimo, dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad. Además:

• Ordena la implementación de un registro virtual de acceso público, con el número de vacantes disponibles y utilizadas.

• Dispone la creación de espacios de participación para la vigilancia del cumplimiento de la ley, con presencia de familias y organizaciones civiles.

• Declara de interés nacional la promoción de la capacitación en educación inclusiva para los docentes de los distintos niveles de la EBR y EBA.

•  Promueve el Concurso Nacional de Empatía Inclusiva Escolar, para fomentar el respeto y la solidaridad en las aulas.

Si deseas conocer más datos sobre la situación educativa de las personas con discapacidad en el país, visita nuestra sección Discapacidad en Cifras del Observatorio Nacional de la Discapacidad.