Renata Anahí Bregaglio Lazarte
Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Discapacidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (GRIDIS PUCP)
Integrante de la Red de Investigadores en Discapacidad – REINDIS (Perú).
En el marco del Día Internacional de la Mujer, cada vez cobra más relevancia hablar de interseccionalidad. Este concepto permite comprender que las desigualdades no afectan a todas las mujeres de la misma manera. Factores como la discapacidad, la pobreza o el origen étnico pueden superponerse con la discriminación de género, generando experiencias de exclusión más profundas. En el caso de las mujeres con discapacidad, esta intersección se traduce en barreras adicionales para ejercer derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia frente a la violencia de género.
Las cifras muestran la dimensión del problema. Según los resultados de los Censo de 2017, en el Perú existen 3 209 261 personas con discapacidad, lo que representa alrededor del 10 % de la población nacional. De ese total, el 56,7 % son mujeres. Estas cifras evidencian que la discapacidad tiene un rostro mayoritariamente femenino. Muchas de estas mujeres enfrentan además condiciones de dependencia económica, dificultades para acceder al empleo o limitaciones en su movilidad, factores que incrementan su exposición a situaciones de violencia y reducen las posibilidades de buscar ayuda o denunciar a sus agresores.
De acuerdo con el Portal Estadístico Warmi Ñam, el 67% de las víctimas de violencia con discapacidad que han denunciado a lo largo del año, son mujeres. A la violencia ya enfrentada se suma una violencia institucional: cuando una mujer con discapacidad decide denunciar violencia de género, el sistema de justicia no siempre está preparado para responder a sus necesidades. Persisten barreras físicas en las instituciones públicas, como comisarías, fiscalías o juzgados que no cuentan con infraestructura accesible. Escaleras sin rampas, ausencia de ascensores o dificultades en el transporte pueden impedir que una mujer con discapacidad física llegue siquiera a iniciar una denuncia.
La comunicación también representa un desafío importante. Las mujeres con discapacidad auditiva pueden encontrar obstáculos si no existen intérpretes de lengua de señas disponibles, mientras que las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial pueden verse excluidas por procedimientos judiciales complejos en un lenguaje legal difícil de comprender. Sin apoyos adecuados o información accesible, participar plenamente en un proceso judicial se vuelve extremadamente difícil.
A esto se suman barreras culturales y prejuicios institucionales. Todavía persisten estereotipos que cuestionan la credibilidad de las mujeres con discapacidad o que asumen que no pueden relatar con precisión lo ocurrido. Estas percepciones pueden influir en la forma en que se reciben las denuncias, se evalúan los testimonios o se investigan los casos.
Por ello, es necesario incorporar un enfoque de discapacidad en el acceso a la justicia. Esto implica adaptar la infraestructura de las instituciones, garantizar mecanismos de comunicación accesibles, brindar apoyos para la toma de decisiones y capacitar a operadores de justicia para reconocer y evitar prácticas discriminatorias.
Cuando estas medidas no existen, las consecuencias son profundas. Muchas mujeres con discapacidad optan por no denunciar o abandonan los procesos a mitad de camino. Otras enfrentan procedimientos que las revictimizan o que no logran sancionar a los agresores. En esos casos, la violencia no solo permanece impune, sino que también se vuelve invisible para las instituciones.
Hablar de interseccionalidad en el Día Internacional de la Mujer implica precisamente reconocer estas realidades. Recordar que la igualdad no se alcanza solo con leyes generales, sino con políticas capaces de responder a las distintas experiencias de las mujeres. Para más de 1,8 millones de mujeres con discapacidad en el Perú, garantizar un acceso real a la justicia es una condición indispensable para vivir libres de violencia.
