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Democracia sin barreras: la accesibilidad como condición para la participación política de las personas con discapacidad

Por Hugo Sebastian Cuadros Rodriguez
Abogado por la Universidad Católica Sedes Sapientiae
Integrante de la Red de Investigadores en Discapacidad – REINDIS (PERÚ)
Código: REINDIS-PA-2026-II-0087

 

La democracia suele asociarse con el derecho a elegir y ser elegido, pero su verdadero significado va mucho más allá de acudir a las urnas, sino que una democracia auténtica logra exigir que todas las personas puedan participar en las decisiones que afectan sus vidas, expresar sus opiniones y contribuir, en igualdad de condiciones, a la construcción de la sociedad. Desde esta perspectiva, hablar de democracia también logra implicar preguntarnos si las personas con discapacidad pueden ejercer efectivamente sus derechos políticos y participar plenamente en la vida pública.

Una democracia que reconozca a todas las personas

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha reconocido en su artículo 29 el derecho de las personas con discapacidad a poder participar en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, permitiendo comprender el derecho a votar y ser elegidas, pero también a la posibilidad de participar en organizaciones y asociaciones relacionadas con la vida pública y política (Naciones Unidas, 2006).

 

Este reconocimiento representa un avance fundamental, pero reconocer un derecho en una norma no significa necesariamente que este pueda ejercerse de manera efectiva, sino que, en el caso de las personas con discapacidad, todavía persiste una distancia entre el reconocimiento jurídico de sus derechos y las condiciones reales para ejercerlos. Al mismo tiempo, como bien he señalado en un estudio sobre las garantías procesales de las personas con discapacidad en el sistema judicial peruano, se verifica la existencia de normas que reconocen derechos, pero no siempre se traduce en su aplicación efectiva, debido a la persistencia de barreras institucionales, culturales y estructurales (Seminario-Hurtado y Cuadros-Rodriguez, 2026).

 

Por ello, una democracia verdaderamente inclusiva no puede solo limitarse a proclamar la igualdad, sino que debe crear las condiciones necesarias para que esa igualdad pueda hacerse realidad.

Cuando las barreras también excluyen de la democracia

Desde el modelo social de la discapacidad, el problema no se encuentra únicamente en las características de una persona, sino también en las barreras que la sociedad construye y mantiene. Por su parte, Ferreira (2024) logró explicar este cambio de perspectiva al desplazar la atención desde la deficiencia individual hacia las barreras sociales que generan situaciones de discapacidad.

 

Esta mirada resulta especialmente importante cuando hablamos de participación democrática, siendo un ejemplo de barreras que pueden limitar la participación política la de un local de votación inaccesible que tenga información electoral que no se encuentra disponible en formatos accesibles, la ausencia de lengua de señas, materiales que no utilizan un lenguaje comprensible, plataformas digitales incompatibles con tecnologías de apoyo o los prejuicios sobre la capacidad de una persona con discapacidad para así pueda ejercer un cargo público.

 

Pero la exclusión no ocurre únicamente durante las elecciones, sino que también aparece cuando una persona con discapacidad intenta participar en una organización política, intervenir en una consulta pública, acceder a información gubernamental, postular a un cargo de representación o formar parte de los espacios donde se diseñan las políticas públicas.

 

En este punto, la participación deberá ser entendida como algo más que ser escuchado; como bien nos hablan Pérez y Enrique (2025), las políticas relacionadas con las personas con discapacidad no pueden construirse legítimamente sin su participación efectiva, donde esto significa reconocerlas como protagonistas de las decisiones que afectan sus propias vidas y no únicamente como destinatarias de políticas públicas.

De electores a protagonistas de la democracia

Construir una democracia sin barreras exige pasar del reconocimiento formal a la eliminación efectiva de los obstáculos que impiden la participación, donde esto implica el poder garantizar procesos electorales accesibles, información comprensible, ajustes razonables, tecnologías de apoyo y condiciones que puedan permitir a las personas con discapacidad participar de manera autónoma.

 

Igualmente, requiere ampliar la mirada, que la participación política no puede reducirse al acto de votar, sino que las personas con discapacidad deberán tener oportunidades reales de participar en partidos políticos, organizaciones sociales, instituciones públicas y espacios de deliberación y toma de decisiones. En este sentido, Pérez y Enrique (2025) alegan que la construcción legítima de políticas sobre discapacidad requiere la participación efectiva de las propias personas con discapacidad.

 

Por ende, esto supone pasar de una concepción de las personas con discapacidad como simples destinatarias de políticas públicas a ser reconocidas como sujetos activos de la democracia, capaces de expresar sus demandas, participar en las decisiones y contribuir a la transformación de las instituciones.

 

Como resultado, la accesibilidad no deberá solo entenderse como una medida complementaria ni como una concesión, sino que es una condición necesaria para que los derechos políticos puedan ejercerse en igualdad de condiciones, donde si una persona encuentra obstáculos para comprender la información electoral, acceder a un local de votación o participar en un espacio de deliberación pública, la igualdad permanece incompleta.

 

Por ello, las personas con discapacidad no deberán ser consideradas únicamente como un grupo que requiere protección, sino como ciudadanos con capacidad para decidir, representar, cuestionar y transformar las instituciones democráticas.

 

En definitiva, una democracia sin barreras no es aquella que simplemente va a permitir que las personas con discapacidad estén presentes, sino que es aquella que garantiza que puedan participar, decidir y ser escuchadas en igualdad de condiciones, teniendo como desafío no solo incorporar a las personas con discapacidad a la democracia, sino construir una democracia que sea accesible para todas las personas.

Referencias

  • Ferreira, M. A. V. (2024). Una aproximación sociológica a la discapacidad desde el modelo social: apuntes caracteriológicos. Revista Española De Investigaciones Sociológicas, (124), 141–174. https://doi.org/10.5477/cis/reis.124.141
  • Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
  • Pérez-Salazar, L., y Enrique, W. (2025). Acceso a la justicia de personas con discapacidad psicosocial en Ecuador: Análisis jurídico del debido proceso inclusivo y la participación efectiva. Sociedad & Tecnología, 8, 691–710. https://doi.org/10.51247/st.v8iS3.22
  • Seminario-Hurtado, N., y Cuadros-Rodriguez, H. S. (2026). Las garantías procesales de las personas con discapacidad en el sistema judicial peruano: desafíos para un acceso efectivo a la justicia. Revista Eletrônica De Direito Processual, 27(2). https://doi.org/10.12957/redp.2026.97959

 

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