La accesibilidad universal constituye un requisito esencial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. En el artículo “Cuando una rampa se convierte en un tobogán: accesibilidad universal y contratación pública como garantía de derechos”, Walther Cano Aquije analiza cómo las deficiencias en el diseño, ejecución y supervisión de obras públicas continúan generando barreras que limitan la movilidad, autonomía y seguridad de las personas con discapacidad, personas adultas mayores, gestantes y otros grupos de la población.
El autor destaca que la accesibilidad no debe ser entendida como un requisito complementario, sino como una obligación jurídica vinculada a la calidad de la infraestructura pública. Asimismo, plantea la necesidad de fortalecer los procesos de contratación pública para asegurar que las obras incorporen criterios de accesibilidad desde su planificación hasta su recepción, promoviendo entornos más inclusivos, seguros y utilizables por toda la ciudadanía.
Desde una perspectiva de derechos, la reflexión invita a reconocer que una obra pública cumple verdaderamente su finalidad cuando puede ser utilizada por todas las personas en condiciones de seguridad, autonomía, igualdad y dignidad.
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