Luzmila Lourdes Garro Aburto
Especialista en temática de discapacidad
Integrante de la Red de Investigadores en Discapacidad – REINDIS (Perú).
Cada 13 de junio, el Perú conmemora el Día del Perú Libre de Analfabetismo. Esta fecha debe asumirse como una oportunidad para preguntarnos, con honestidad, cuánto hemos avanzado y cuánto falta para garantizar que todas las personas ejerzan plenamente su derecho a aprender.
Alfabetizar no significa únicamente enseñar a leer y escribir. Significa abrir caminos hacia la autonomía, la participación ciudadana, el acceso a la información y el ejercicio de otros derechos. Una persona alfabetizada tiene mayores posibilidades de tomar decisiones, acceder a servicios, comprender su entorno y participar activamente en la vida social. Por ello, hablar de un Perú libre de analfabetismo implica hablar también de justicia, equidad e inclusión.
Una meta pendiente
Aunque el país ha logrado avances importantes, el analfabetismo no ha desaparecido. Las cifras muestran que todavía existen brechas profundas, especialmente en zonas rurales, comunidades en situación de pobreza y territorios históricamente excluidos. De acuerdo con el INEI, en 2024, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años a más fue de 4,7 %, con mayores niveles en departamentos como Huánuco, Cajamarca y Apurímac.
Las cifras demuestran que no basta con mirar los promedios nacionales. Un país no puede declararse satisfecho mientras existan personas que, por razones económicas, geográficas, culturales o sociales, continúan sin acceder a oportunidades educativas reales. La alfabetización debe ser comprendida como una política permanente, no como una meta cumplida de manera definitiva.
Desde esta perspectiva, el Día del Perú Libre de Analfabetismo debe servir para renovar compromisos. El verdadero desafío consiste en identificar a quienes siguen quedando fuera, por qué razones y qué apoyos necesitan para aprender en condiciones dignas.
Alfabetización y discapacidad: una deuda pendiente
Esta reflexión adquiere mayor urgencia cuando se observa la situación de las personas con discapacidad. En el Perú, muchas de ellas continúan enfrentando barreras físicas, comunicacionales, pedagógicas y actitudinales que limitan su acceso a una educación pertinente y de calidad.
Según información del Observatorio Nacional de la Discapacidad, en 2024, el 18 % de las personas con discapacidad no contaba con ningún nivel educativo, frente al 5 % de la población sin discapacidad. Además, un porcentaje importante alcanzó únicamente la educación primaria o secundaria. Estas cifras evidencian una desigualdad estructural que no puede ser ignorada.
En ese contexto, la alfabetización inclusiva exige apoyos concretos para cada estudiante. Aprender en condiciones pertinentes y dignas debe constituir una garantía y no una excepción.
Detrás de cada dato hay historias de exclusión: estudiantes que no encuentran materiales accesibles, docentes que requieren mayor formación para atender la diversidad, familias que necesitan orientación y escuelas que aún no cuentan con condiciones suficientes para garantizar una verdadera inclusión.
Estas barreras afectan el aprendizaje inicial, interrumpen la continuidad educativa y limitan el acceso a mejores oportunidades laborales y sociales. Por ello, alfabetizar a una persona con discapacidad implica reconocer sus necesidades específicas, garantizar apoyos adecuados y valorar sus capacidades. La inclusión solo será posible mediante una respuesta articulada del Estado, la escuela, la familia y la comunidad.
En consecuencia, una política de alfabetización que no incorpore de manera central a las personas con discapacidad será siempre incompleta. La ampliación de la cobertura debe ir acompañada de apoyos efectivos, ajustes razonables, recursos accesibles y entornos educativos que reconozcan la diversidad como parte natural de la sociedad.
Hacia una alfabetización verdaderamente inclusiva
Avanzar hacia un Perú libre de analfabetismo exige pasar del discurso a la acción. Es necesario fortalecer la formación docente en educación inclusiva, producir materiales accesibles, mejorar la articulación entre la escuela, la familia y la comunidad, y garantizar servicios de apoyo para quienes más los necesitan. La alfabetización inclusiva demanda decisiones sostenidas, acompañamiento pedagógico y una mirada centrada en la dignidad y el derecho a aprender de todas las personas.
Asimismo, corresponde reconocer los avances alcanzados, pero sin caer en la complacencia. La inclusión educativa requiere continuidad, presupuesto, seguimiento y voluntad política. No basta con abrir las puertas de la escuela; es indispensable asegurar que todas las personas puedan permanecer, aprender y desarrollarse en ella.
Un Perú verdaderamente libre de analfabetismo será aquel donde leer, escribir, comprender y participar no sean privilegios, sino derechos garantizados para todos. La alfabetización será realmente una conquista nacional cuando ninguna persona, con o sin discapacidad, quede al margen del derecho a aprender.